Quien define qué es "información inexacta" termina definiendo qué se puede publicar
La propuesta de sancionar a periodistas por publicar datos que un funcionario considere erróneos traslada el arbitraje de la verdad del debate público a la oficina del propio funcionario cuestionado.
Hay una pregunta que toda propuesta de este tipo evita responder primero: ¿quién decide qué es "información inexacta"? Si la respuesta es el mismo funcionario sobre el que se informa, la norma no protege la verdad, protege a quien la norma dice proteger.
El anuncio del ministro de Economía de Argentina de modificar la ley de libertad de expresión para castigar publicaciones "inexactas" sobre el gobierno llega, no por casualidad, en un mes de ataques crecientes contra periodistas identificados con coberturas críticas.
La independencia de una norma no se declara en su primer artículo: se comprueba en quién queda habilitado para aplicarla.
El error no es lo mismo que la mentira
El periodismo se equivoca, corrige y aprende a diario: esa es la mecánica normal del oficio, no una falla que deba penalizarse. Confundir el error de buena fe con la desinformación deliberada es, precisamente, la trampa retórica sobre la que se construyen estas leyes.
Argentina ya cayó trece posiciones en el ranking mundial de libertad de prensa este año. Una ley redactada en estos términos no revierte esa caída: la profundiza, porque enseña a cada redacción que el costo de informar sobre el poder puede subir de un día para otro sin previo aviso.